INFORME URUGUAYO ADVIERTE QUE EL PCC Y OS MANOS FUNCIONAN COMO “ESCUELA CRIMINAL” PARA BANDAS LOCALES
Documento presentado ante el Mercosur identifica a 88 presos vinculados con cinco facciones brasileñas y alerta que grupos fronterizos uruguayos están reproduciendo sus métodos, códigos internos y formas de operar.
MONTEVIDEO — Un informe de inteligencia del Ministerio del Interior de Uruguay encendió una nueva alerta sobre la expansión de los métodos utilizados por organizaciones criminales brasileñas.
El documento sostiene que facciones como el Primer Comando da Capital (PCC) y Os Manos se convirtieron en una especie de “escuela criminal” para delincuentes y grupos organizados uruguayos.
La advertencia fue presentada ante el Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur.
El diagnóstico traza un mapa que conecta cárceles, ciudades fronterizas, barrios de Montevideo y departamentos utilizados para el acopio o el tránsito internacional de drogas.
Según el informe, la preocupación no se limita a la presencia de ciudadanos brasileños vinculados con facciones dentro del sistema penitenciario.
Las autoridades observan también la reproducción de códigos, mecanismos de disciplina, formas de comunicación, estructuras jerárquicas y estrategias operativas desarrolladas originalmente en Brasil.
El documento atribuye la incorporación de algunos de esos métodos a estructuras criminales vinculadas con Sebastián Marset y afirma que determinados procedimientos son replicados por grupos uruguayos.
La expresión “escuela criminal” describe, en ese contexto, un proceso de aprendizaje e imitación. No significa, por sí sola, que todas las organizaciones brasileñas mencionadas mantengan una dirección centralizada dentro de Uruguay.
INFORME IDENTIFICA A 88 PRESOS VINCULADOS CON CINCO FACCIONES
El relevamiento policial identifica a 88 personas recluidas en Uruguay que tendrían vínculos con cinco organizaciones criminales originadas en Brasil.
El PCC concentra el mayor número: 51 presos aparecen relacionados con la facción nacida en el sistema penitenciario de São Paulo.
Otros 19 internos son vinculados con Os Manos, organización surgida en Rio Grande do Sul y con influencia señalada en la frontera entre Brasil y Uruguay.
El informe también contabiliza nueve personas asociadas con el Primeiro Comando da Fronteira (PCF), siete con Os Tauras y dos con Bala Na Cara.
Las cinco cifras suman los 88 casos identificados por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía uruguaya.
La condición de “vinculado” consignada en el informe no implica necesariamente que todos los presos hayan sido condenados judicialmente por pertenecer a esas organizaciones.
Se trata de una clasificación de inteligencia basada en antecedentes, comunicaciones, relaciones, símbolos, investigaciones y otros elementos analizados por las autoridades.
BRASILEÑOS REPRESENTAN EL MAYOR GRUPO DE EXTRANJEROS PRESOS
Los datos citados en el documento indican que Uruguay tiene 16.872 personas privadas de libertad.
Dentro de esa población, 420 presos son extranjeros. El grupo más numeroso está formado por 190 ciudadanos brasileños, seguido por 74 argentinos.
Los demás extranjeros proceden de Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, España y Ecuador.
Los 88 presos relacionados con facciones representan casi la mitad de los brasileños recluidos en establecimientos penitenciarios uruguayos, de acuerdo con las cifras difundidas.
Ese escenario llevó a la Policía a reforzar el seguimiento de posibles conexiones entre los detenidos y estructuras que actúan fuera de las cárceles.
UN CELULAR REVELÓ EL GRUPO “SISTEMA DO URUGUAY”
Uno de los principales hallazgos de la investigación se produjo el 11 de mayo de 2025, durante una requisa en la cárcel de Libertad.
Los agentes incautaron un teléfono celular que contenía comunicaciones atribuidas a integrantes del PCC.
En el dispositivo fue localizado un grupo de WhatsApp denominado “Sistema do Uruguay”, integrado por ocho miembros.
El análisis del aparato permitió reconstruir conexiones, identificar posibles integrantes activos y observar áreas de influencia dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.
La Policía también obtuvo información sobre códigos de conducta, reglamentos internos y formas de organización utilizadas por los integrantes investigados.
El seguimiento del PCC en las cárceles uruguayas había comenzado en 2023. A partir de ese trabajo, durante 2025 se realizaron operaciones destinadas a identificar miembros y reconstruir sus redes de contacto.
AUTORIDADES NO CONFIRMAN UNA OPERACIÓN DIRECTA DENTRO DE LAS CÁRCELES
El propio informe introduce una salvedad relevante: hasta el momento no fueron detectadas operaciones que demuestren una actuación directa y organizada de esas facciones dentro del sistema penitenciario uruguayo.
La advertencia oficial se concentra en la influencia ejercida por sus métodos y en las conexiones individuales atribuidas a determinados presos.
Por esa razón, los datos no permiten afirmar que las cárceles de Uruguay estén formalmente controladas por el PCC, Os Manos o las demás organizaciones citadas.
El riesgo identificado es diferente: las prácticas desarrolladas por esas facciones estarían siendo estudiadas, adaptadas y reproducidas por organizaciones de menor tamaño.
Esa transferencia de conocimiento puede fortalecer a grupos locales sin que exista necesariamente una cadena de mando enviada desde Brasil.
LA FRONTERA SECA APARECE COMO EL PRINCIPAL PUNTO DE CONTACTO
El documento identifica tres áreas especialmente sensibles en la frontera seca entre Uruguay y Brasil.
La primera es el eje formado por Rivera y Santana do Livramento. La segunda corresponde a Aceguá, y la tercera comprende las ciudades de Chuy y Chuí.
Son regiones con intensa circulación cotidiana de personas, vehículos y mercaderías, además de una continuidad urbana que dificulta la separación física entre ambos países.
Según la evaluación policial, pequeñas organizaciones brasileñas y uruguayas están copiando métodos empleados por el PCC y Os Manos para organizar actividades vinculadas con el narcotráfico.
La preocupación incluye las cadenas de suministro, el reclutamiento de colaboradores, el control de deudas, la comunicación clandestina y la coordinación entre personas ubicadas a ambos lados de la frontera.
La dinámica fronteriza también repercute en las cárceles porque detenidos procedentes de esas regiones mantienen relaciones familiares, comerciales o criminales fuera de los establecimientos.
OS MANOS AMPLÍA SU INFLUENCIA DESDE RIO GRANDE DO SUL
El informe afirma que Os Manos mantiene desde 2017 una posición predominante en parte de la frontera brasileña, después de una disputa con la organización rival Bala Na Cara.
La facción es presentada como una de las estructuras criminales más grandes y organizadas de Rio Grande do Sul.
Su principal área de influencia en territorio uruguayo estaría en Rivera, donde las autoridades siguen posibles conexiones con delincuentes locales.
El reporte también menciona una posible vinculación con la Unidad 12 de Cerro Carancho, establecimiento penitenciario situado en ese departamento.
Entre los elementos empleados para reconocer a integrantes de Os Manos aparecen determinados tatuajes y símbolos, como la figura de un diamante.
Esos indicios, sin embargo, deben ser evaluados junto con otras pruebas. Un tatuaje aislado no resulta suficiente para determinar jurídicamente la pertenencia de una persona a una organización criminal.
EL PCF TAMBIÉN AVANZA MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA
La presencia de integrantes brasileños del Primeiro Comando da Fronteira fue confirmada por las autoridades uruguayas en 2025, según el documento.
La investigación también identificó a ciudadanos uruguayos que habrían sido incorporados a la organización.
Aunque el PCF conserva sus principales bases en la región fronteriza, las autoridades registraron movimientos hacia Maldonado y Montevideo.
El reporte cita actividad localizada en los barrios Manga, Nuevo Capra y Los Sueños, situados en la periferia de la capital uruguaya.
Uno de los antecedentes mencionados ocurrió el 13 de noviembre de 2022, en la cárcel de Las Rosas, departamento de Maldonado.
Una investigación determinó que un grupo de entre cuatro y cinco integrantes de bandas locales introducía drogas en el establecimiento.
Durante una inspección fueron incautados 2,241 kilogramos de marihuana, distribuidos en paquetes que llevaban el símbolo del PCF y estaban ocultos en el interior de una estufa a leña.
La sustancia era marihuana, y no cocaína, como apareció reproducido posteriormente en algunas publicaciones sobre el caso.
TÚNEL HACIA UN BANCO VOLVIÓ A COLOCAR AL PCC BAJO LA LUPA
La posible influencia del PCC volvió a ser examinada en febrero de 2026, después del descubrimiento de un túnel excavado desde un local de Ciudad Vieja, en Montevideo.
De acuerdo con la investigación, el objetivo de la estructura subterránea era alcanzar una sucursal del banco BBVA.
El procedimiento derivó en la imputación de 11 personas, entre ellas cuatro ciudadanos brasileños y dos paraguayos.
Posteriormente, autoridades brasileñas informaron que algunos de los investigados tenían antecedentes por robos que habrían sido cometidos para el PCC.
Ese dato no demuestra por sí solo que la facción haya ordenado el intento de robo en Uruguay, pero reforzó la línea de investigación sobre posibles conexiones transnacionales.
EL MODELO CRIMINAL BRASILEÑO ES ADAPTADO POR GRUPOS LOCALES
El PCC nació en las cárceles de São Paulo durante la década de 1990 y desarrolló un sistema basado en normas internas, asistencia entre miembros, recaudación de dinero y coordinación dentro y fuera de las prisiones.
Con el paso de los años, la organización amplió su presencia en rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y productos de contrabando.
La expansión de ese modelo pasó a ser observada por los países vecinos, especialmente en zonas fronterizas y sistemas penitenciarios con altos niveles de hacinamiento.
En Uruguay, el informe no describe una simple reproducción de la estructura brasileña. Lo que señala es la adaptación de determinadas prácticas por delincuentes nacionales.
Entre los grupos uruguayos mencionados aparecen estructuras relacionadas con Sebastián Marset y los clanes Albín y Suárez, de Cerro Norte.
Las atribuciones forman parte del diagnóstico de inteligencia y deben ser interpretadas dentro de las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.
URUGUAY ES UTILIZADO COMO TERRITORIO DE ACOPIO Y TRÁNSITO
El documento también analiza la posición de Uruguay dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.
El país es considerado un punto de acopio y tránsito para cargamentos destinados principalmente a Europa.
Las drogas pueden ingresar por carretera, vía aérea o mediante embarcaciones que recorren los ríos de la región.
Parte de los cargamentos llega desde países productores y posteriormente sale por puertos o pistas clandestinas hacia mercados internacionales.
Esta función logística no implica que las organizaciones extranjeras controlen territorialmente el país.
En varios casos, los grupos internacionales utilizan colaboradores, empresas, depósitos, inmuebles o redes locales sin mantener una presencia armada visible.
El informe menciona organizaciones de México, Italia, los Balcanes y Montenegro detectadas en investigaciones realizadas durante la última década.
También aparecen referencias al Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, la ’Ndrangheta, el denominado Cartel de los Balcanes y el Clan Skaljari.
CASOS ANTERIORES MOSTRARON EL ALCANCE DE LAS REDES INTERNACIONALES
Uruguay ya enfrentó investigaciones relacionadas con figuras relevantes del crimen organizado extranjero.
Uno de los casos fue el de Gerardo González Valencia, identificado como integrante de Los Cuinis y familiar de uno de los principales dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación.
González Valencia residió durante varios años en Uruguay y fue procesado por lavado de activos.
En 2020 fue extraditado a Estados Unidos, donde posteriormente recibió una condena por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.
Otro antecedente fue el del italiano Rocco Morabito, vinculado con la ’Ndrangheta.
Morabito vivió en Punta del Este bajo una identidad falsa, fue detenido en 2017 y escapó de una cárcel uruguaya en 2019 mientras esperaba su extradición.
Fue recapturado en Brasil en 2021 y trasladado a Italia al año siguiente.
Estos episodios muestran que Uruguay puede ser utilizado como lugar de residencia, protección, lavado de dinero o apoyo logístico por personas vinculadas con redes internacionales.
GOBIERNO PROPONE AMPLIAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Ante el avance de organizaciones transnacionales, Uruguay propuso modernizar el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur, conocido como SISME.
Actualmente, el mecanismo permite compartir requisitorias relacionadas con personas, armas y vehículos.
La propuesta uruguaya busca incorporar información migratoria, movimientos fronterizos, rechazos de ingreso, residencias, solicitudes de refugio y situación documental.
También plantea incluir datos biométricos, documentos robados, cierres de frontera, rutas sospechosas y patrones vinculados con posibles delitos.
Otros puntos continúan bajo análisis, entre ellos los antecedentes policiales, los dispositivos electrónicos robados, el uso de tobilleras y la violencia registrada en eventos deportivos.
Uruguay también propuso retomar las negociaciones para establecer un acuerdo operativo entre el Mercosur e Interpol.
La integración permitiría realizar consultas simultáneas y reducir vacíos de información que pueden ser aprovechados por organizaciones con presencia en más de un país.
INFORME GENERÓ REPERCUSIÓN POLÍTICA EN URUGUAY
La divulgación de los datos provocó una reacción de la oposición uruguaya.
Representantes del Partido Nacional solicitaron la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante el Parlamento.
El objetivo anunciado es obtener explicaciones sobre el alcance de las facciones extranjeras, las medidas adoptadas en las cárceles y la capacidad del Estado para impedir la consolidación de redes criminales.
La convocatoria también deberá abordar los mecanismos de intercambio de información con Brasil y los demás países del Mercosur.
Hasta la divulgación del informe, la discusión pública se concentraba principalmente en episodios aislados. El nuevo diagnóstico reúne esos hechos dentro de un mismo escenario regional.
DESAFÍO EXIGE RESPUESTA REGIONAL Y PRUDENCIA INFORMATIVA
La expansión de métodos criminales a través de las fronteras obliga a los países del Mercosur a coordinar inteligencia, controles migratorios, investigaciones financieras y políticas penitenciarias.
También exige distinguir entre presencia individual, influencia metodológica y operación directa de una organización.
El informe uruguayo confirma la existencia de presos vinculados con facciones brasileñas y señala que bandas locales están copiando sus procedimientos.
Sin embargo, el documento afirma que todavía no existen elementos que acrediten una actividad directa y estructurada de esas organizaciones dentro de las cárceles de Uruguay.
Las cifras centrales fueron divulgadas a partir del informe citado por la prensa uruguaya. El documento completo no había sido publicado oficialmente para consulta pública al cierre de esta edición.
Por lo tanto, la información debe ser presentada como parte de un diagnóstico de inteligencia y no como una sentencia judicial definitiva contra cada una de las personas mencionadas.
El principal mensaje de las autoridades es preventivo: evitar que la imitación de modelos criminales más complejos permita a grupos locales ampliar su capacidad de violencia, corrupción y control territorial.
La respuesta dependerá de la vigilancia penitenciaria, la cooperación internacional y la capacidad de los Estados para actuar antes de que esas conexiones se conviertan en estructuras permanentes.
(De la Redacción de IGU News)
