Paraguay: IMPUTAN A EXRECTOR DE UNIVERSIDAD SUDAMERICANA QUE OFRECE MEDICINA POR PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS
La Fiscalía investiga al exrector de la Universidad Sudamericana por supuestas irregularidades en registros universitarios vinculadas al caso del exsenador Hernán Rivas. La institución ofrece Medicina en Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, pero los hechos documentados se relacionan con la carrera de Derecho y una administración anterior.
La Universidad Sudamericana de Paraguay, institución de educación superior que ofrece la carrera de Medicina y recibe estudiantes paraguayos y extranjeros, vuelve al centro de la atención pública tras la imputación de uno de sus antiguos rectores por presuntas irregularidades en la elaboración y certificación de documentos académicos.
El fiscal Julio Ortiz imputó a Alejandrino Gonzalo Pedro Acuña Vázquez, quien ejerció como rector y administrador de la institución entre 2009 y 2015, por supuesta estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
La investigación se originó a partir de las irregularidades relacionadas con el título universitario de Derecho del exsenador paraguayo Hernán David Rivas Román, condenado en primera instancia a ocho años de prisión.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, durante la antigua administración universitaria se habrían incorporado a registros académicos datos que no correspondían con la realidad, incluyendo supuestas condiciones de estudiante, aprobación de asignaturas y rendición de exámenes.
La imputación representa el inicio formal de un procedimiento penal contra el exrector y no constituye una declaración judicial definitiva de culpabilidad.
UNIVERSIDAD TAMBIÉN OFRECE MEDICINA EN DOS CIUDADES PARAGUAYAS
Un aspecto relevante del caso es que la Universidad Sudamericana mantiene una importante actividad académica en el área de Ciencias de la Salud, particularmente mediante la carrera de Medicina.
La institución ofrece formación médica en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, localidades próximas a la frontera con Brasil.
Su oferta educativa está dirigida a estudiantes paraguayos y extranjeros, incluidos brasileños interesados en cursar Medicina en Paraguay.
La carrera de Medicina de la sede Pedro Juan Caballero cuenta con antecedentes de acreditación ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), tanto en el sistema nacional como en el mecanismo regional ARCU-SUR.
La información oficial también identifica la oferta de Medicina en Salto del Guairá, cuya situación de evaluación y acreditación debe considerarse individualmente, sin extender automáticamente a una sede los reconocimientos correspondientes a otra.
Es fundamental establecer que la imputación conocida contra el antiguo rector no identifica, en la información disponible, títulos, estudiantes o expedientes específicos de Medicina involucrados en los hechos investigados.
Por consiguiente, no existe fundamento en estos antecedentes para afirmar que los alumnos actuales de Medicina hayan participado en irregularidades o que sus documentos académicos sean falsos.
CASO HERNÁN RIVAS REVELÓ IRREGULARIDADES EN LA CARRERA DE DERECHO
La investigación contra Acuña Vázquez está relacionada con la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2026 contra el exsenador Hernán Rivas.
El tribunal integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo condenó al exlegislador a ocho años de prisión por hechos relacionados con la producción y utilización de documentos públicos de contenido falso.
Durante el juicio, el tribunal consideró acreditado que Rivas figuraba como estudiante de Derecho de la Universidad Sudamericana sin que existieran registros suficientes que demostraran su participación efectiva en las actividades académicas de la carrera.
La presidenta del tribunal utilizó la expresión “alumno fantasma” para describir su situación.
Según la sentencia, Rivas no presentó documentación académica, administrativa o contable que permitiera reconstruir de manera regular su supuesto recorrido universitario.
La defensa del exsenador presentó un recurso de apelación el 16 de octubre, solicitando la revisión de la condena. Por tanto, la sentencia todavía se encuentra sometida al correspondiente control judicial.
FISCALÍA INVESTIGA DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
La nueva imputación busca determinar si el antiguo rector participó en la incorporación o certificación de información académica que no reflejaba actividades efectivamente realizadas por determinadas personas.
La hipótesis fiscal sostiene que habrían sido asentados datos sobre matrículas, asignaturas aprobadas y exámenes rendidos sin respaldo académico real.
También se investiga el alcance de las responsabilidades administrativas durante el período comprendido entre 2009 y 2015.
La Fiscalía deberá establecer qué documentos fueron elaborados, quiénes participaron en su emisión, qué controles existían y si las actuaciones investigadas encuadran en las figuras penales atribuidas al imputado.
La investigación podría requerir el examen de archivos, certificados, actas de evaluación y otros antecedentes institucionales.
Sin embargo, la existencia de esas diligencias no permite presumir irregularidades generalizadas en todas las carreras de la universidad.
TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN 2015 TAMBIÉN ES INVESTIGADA
Otro componente de la causa se relaciona con la transferencia de la institución a nuevos administradores en octubre de 2015.
Según los antecedentes de la imputación, Acuña Vázquez habría omitido informar irregularidades documentales y académicas existentes durante su administración.
Los nuevos responsables de la universidad, José María Manzoni Ramírez y Arturo Joaquín Peralta Vierci, figuran entre los denunciantes que promovieron la investigación, mediante sus representantes legales.
La denuncia sostiene que la falta de información sobre las supuestas irregularidades habría perjudicado económicamente a los adquirentes y afectado la reputación de la institución.
En los antecedentes fiscales se menciona un perjuicio patrimonial de 450 millones de guaraníes, vinculado a las circunstancias de la transferencia y a la situación institucional denunciada.
Estos hechos forman parte de la hipótesis acusatoria y deberán ser examinados mediante las pruebas correspondientes.
La presentación de la denuncia por parte de los nuevos administradores constituye una distinción importante: la causa investiga conductas atribuidas a una gestión anterior, sin establecer automáticamente responsabilidad penal de las autoridades que posteriormente asumieron la conducción universitaria.
ESTUDIANTES DE MEDICINA Y GARANTÍAS ACADÉMICAS
La repercusión del caso adquiere particular interés para la comunidad educativa de la frontera, donde numerosas familias consideran las instituciones paraguayas como una alternativa para la formación universitaria en Medicina.
La validez y la trazabilidad de los registros académicos son esenciales para cualquier universidad, especialmente en carreras vinculadas a la salud, que requieren formación teórica, prácticas supervisadas, evaluaciones y cumplimiento de exigencias profesionales.
Sin embargo, deben distinguirse claramente tres cuestiones: la investigación penal sobre hechos antiguos, la situación administrativa actual de la universidad y el reconocimiento de cada carrera por los organismos competentes.
La imputación de un antiguo rector no implica, por sí misma, la suspensión de una carrera, la pérdida de una acreditación o la invalidez de los títulos emitidos por la institución.
En el caso de los estudiantes brasileños que pretendan ejercer Medicina en Brasil, los diplomas obtenidos en Paraguay están sujetos a los procedimientos de revalidación previstos por la legislación brasileña.
La acreditación de una carrera en Paraguay, incluso mediante mecanismos regionales, no debe confundirse con una autorización automática para el ejercicio profesional en territorio brasileño.
FISCALÍA SOLICITA SEIS MESES PARA PROFUNDIZAR LA INVESTIGACIÓN
El fiscal Julio Ortiz solicitó un plazo de seis meses para desarrollar las diligencias de investigación.
También pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva contra el exrector, entre ellas restricciones de salida del país y comparecencias periódicas ante las autoridades judiciales.
Corresponderá al órgano jurisdiccional competente resolver sobre las medidas solicitadas y garantizar el ejercicio de los derechos procesales del imputado.
La investigación deberá determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación y, eventualmente, llevar los hechos a juicio.
Hasta una resolución judicial definitiva, Acuña Vázquez conserva la presunción de inocencia y el derecho a ejercer plenamente su defensa.
INVESTIGACIÓN PONE EN FOCO LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA
El caso abre una discusión institucional relevante para el sistema de educación superior paraguayo.
La autenticidad de los títulos, el control de las matrículas, la conservación de los registros académicos y la verificación del cumplimiento efectivo de las exigencias curriculares constituyen condiciones esenciales para la confianza pública en las universidades.
La investigación sobre la antigua administración de la Universidad Sudamericana deberá esclarecer las responsabilidades individuales y determinar el alcance real de las presuntas irregularidades.
Al mismo tiempo, será necesario evitar generalizaciones que comprometan injustificadamente a estudiantes, docentes, egresados o carreras que no aparecen vinculados a los hechos concretos de la causa.
La Universidad Sudamericana mantiene su oferta académica de Medicina, mientras la investigación penal se concentra en actuaciones atribuidas a su administración anterior, particularmente relacionadas con documentación de la carrera de Derecho.
La distinción entre esos hechos resulta indispensable para informar con precisión, proteger los derechos de las personas involucradas y permitir que las autoridades competentes esclarezcan lo ocurrido.
El desafío institucional consiste en garantizar que los registros académicos reflejen fielmente la formación recibida y que cualquier irregularidad comprobada sea tratada conforme a la legislación paraguaya, sin extender responsabilidades más allá de las pruebas existentes.
NOTA EDITORIAL — IGU NEWS
Esta información distingue la imputación penal contra un antiguo rector de la situación académica actual de la Universidad Sudamericana.
La causa mencionada se relaciona con hechos atribuidos al período 2009–2015 y con antecedentes judiciales vinculados a la carrera de Derecho. La información examinada no demuestra irregularidades específicas en la carrera de Medicina.
La imputación constituye una acusación formal y no una condena. Se preservan la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la necesidad de decisiones judiciales fundadas en pruebas.
(De la Redacción de IGU News)
