Mundo: PROYECTO DE LEY POR MALVINAS ABRE DEBATE SOBRE SEGURIDAD NACIONAL Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei busca fortalecer las herramientas del Estado frente a injerencias extranjeras, explotación de recursos y operaciones clandestinas. Constitucionalistas, legisladores opositores y FOPEA cuestionan, sin embargo, la amplitud de figuras como “desinformación masiva” y “manipulación de la opinión pública”. El Ejecutivo sostiene que las normas exigen vinculación con actores extranjeros y que no están dirigidas contra periodistas ni contra la crítica política.
BUENOS AIRES.— El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el gobierno del presidente Javier Milei al Congreso abrió una discusión que va mucho más allá de la histórica disputa por las Islas Malvinas.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo como parte de una estrategia destinada a reforzar la capacidad jurídica de Argentina frente a la explotación no autorizada de recursos naturales y frente a nuevas formas de intervención extranjera que, según el Gobierno, ya no necesariamente adoptan la forma de una agresión militar convencional.
Pero algunos artículos incorporados al proyecto encendieron un debate sobre libertad de expresión, seguridad nacional, desinformación y los límites que debe tener el poder estatal para intervenir frente a campañas atribuidas a actores extranjeros.
EL PROYECTO NACIÓ EN EL CONTEXTO DE MALVINAS
La Casa Rosada anunció a comienzos de septiembre una serie de medidas vinculadas con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, particularmente después del avance de proyectos petroleros en la región.
El Gobierno sostiene que la nueva legislación debe permitir sancionar a personas y empresas que participen de actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas.
La cuestión Malvinas permanece internacionalmente bajo una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Naciones Unidas mantiene a las islas en su lista de territorios no autónomos y reconoce formalmente la existencia de la controversia entre ambos gobiernos.
TRES EJES DEFINIDOS POR EL GOBIERNO
Según la comunicación oficial de Presidencia, la propuesta se estructura sobre tres objetivos principales:
sancionar la explotación que Argentina considera ilegítima de sus recursos naturales;
crear incentivos para que empresas y personas abandonen esas actividades;
y fortalecer las herramientas estatales para enfrentar amenazas provenientes del exterior.
El Gobierno argumenta que las amenazas contemporáneas pueden incluir operaciones clandestinas, campañas de influencia, intervención en procesos institucionales y otras acciones denominadas “no cinéticas”, que no necesariamente utilizan fuerza militar.
EL ARTÍCULO QUE CONCENTRA LA CONTROVERSIA
El mayor debate gira alrededor del artículo 111 del proyecto.
La disposición propone incorporar un nuevo artículo 225 bis al Código Penal y establecer penas de cinco a doce años de prisión para quien actúe por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero y procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante lo que el texto denomina “campañas coordinadas de desinformación masiva”.
La escala aumentaría a ocho a quince años cuando la conducta involucre amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
La norma, por lo tanto, no criminaliza en su texto cualquier información falsa o equivocada.
Exige una conexión con un actor extranjero.
Ese requisito es una de las principales defensas presentadas por el Gobierno.
EL GOBIERNO DICE QUE NO APUNTA AL PERIODISMO
Fuentes oficiales consultadas por medios argentinos rechazaron que la iniciativa haya sido diseñada para controlar a la prensa.
Según la interpretación del Ejecutivo, para configurar el delito debería demostrarse tanto la existencia de una campaña masiva como que la persona actuó por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero.
La posición oficial es que el objetivo no es sancionar una opinión, una crítica al Gobierno ni una investigación periodística, sino enfrentar operaciones organizadas de influencia extranjera.
El Ejecutivo sostiene además que las decisiones administrativas previstas por el nuevo sistema estarán sometidas posteriormente al control de los tribunales.
LA GRAN PREGUNTA: ¿QUÉ ES “DESINFORMACIÓN MASIVA”?
Los críticos concentran sus objeciones precisamente en la definición de los conceptos.
El proyecto, según los especialistas consultados por Infobae, no establece con precisión suficiente qué características transforman una información falsa, controvertida o equivocada en una “campaña coordinada de desinformación masiva” ni cómo debería demostrarse la intención de “manipular la opinión pública”.
Esa discusión es central porque el derecho penal exige, como regla general, que las conductas prohibidas estén definidas con suficiente precisión para que el ciudadano pueda conocer de antemano qué comportamiento constituye delito.
CONSTITUCIONALISTAS ADVIERTEN SOBRE TIPOS PENALES ABIERTOS
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez considera que la redacción propuesta puede entrar en tensión con el principio de legalidad penal.
Su preocupación se concentra en la posibilidad de que expresiones amplias produzcan distintas interpretaciones según la autoridad encargada de aplicarlas.
Gil Domínguez también advirtió sobre el denominado “efecto intimidatorio”: incluso antes de una condena, la posibilidad de enfrentar investigaciones con penas elevadas podría llevar a periodistas, dirigentes o ciudadanos a limitar preventivamente aquello que están dispuestos a publicar o expresar.
Esa es una opinión jurídica del especialista; la constitucionalidad de la norma, si finalmente fuera aprobada y cuestionada judicialmente, correspondería definirla a los tribunales.
OTROS JURISTAS TAMBIÉN PIDEN MAYOR PRECISIÓN
El constitucionalista Félix Lonigro también cuestionó la amplitud de las expresiones utilizadas y planteó quién tendría la autoridad para determinar cuándo una información se convierte en desinformación punible.
Por su parte, Diego Armesto puso el foco en el concepto de “amenaza”, utilizado repetidamente dentro del proyecto, y sostuvo que posee un grado de ambigüedad mayor que conceptos más concretos como el de “agresión”.
Son cuestionamientos técnicos que deberán formar parte del debate legislativo.
FOPEA PIDE MODIFICACIONES Y GARANTÍAS
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó formalmente su preocupación.
La organización reconoce tanto la legitimidad del reclamo argentino sobre Malvinas como la necesidad de proteger procesos electorales de injerencias externas, pero considera que el artículo referido a desinformación debería tener una delimitación más taxativa.
FOPEA pidió además garantías explícitas para que opiniones, informaciones, críticas y tareas legítimas de investigación periodística no puedan quedar alcanzadas por una interpretación extensiva de la norma.
LA OPOSICIÓN LLEVARÁ EL TEMA AL CONGRESO
Legisladores de diferentes bloques opositores también anunciaron objeciones.
El diputado Nicolás Trotta, de Unión por la Patria, sostuvo que las disposiciones deben ser discutidas específicamente dentro de la Comisión de Libertad de Expresión.
La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, cuestionó la incorporación de la figura de desinformación dentro de un proyecto originalmente presentado en el contexto de soberanía y Malvinas.
Otros dirigentes opositores también manifestaron reservas.
Estas posiciones representan argumentos políticos y jurídicos de quienes cuestionan la iniciativa; el proyecto todavía se encuentra sujeto al proceso legislativo y puede sufrir modificaciones.
NO TODO EL CAPÍTULO ESTÁ RELACIONADO CON PERIODISMO
La propuesta también incorpora delitos mucho más específicos.
El artículo 109 establece penas de cinco a quince años por determinadas conductas relacionadas con entrega de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros.
En situaciones agravadas —por ejemplo, durante un conflicto armado o en beneficio directo de un Estado enemigo— la pena puede alcanzar entre ocho y veinte años.
El artículo 110 establece penas de tres a diez años para quien, con conocimiento de la naturaleza de la operación, proporcione deliberadamente recursos, documentación, identidades, instalaciones o apoyo material relevante a actividades clandestinas de inteligencia extranjera.
Estas figuras poseen requisitos mucho más concretos que la disposición sobre desinformación.
NUEVO CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
La propuesta también contempla un Consejo de Seguridad Nacional con un papel central en la coordinación del nuevo régimen.
Según el proyecto, este organismo estaría presidido por el jefe del Poder Ejecutivo y tendría funciones relacionadas con amenazas a la seguridad, protección de infraestructura crítica e intervención frente a acciones extranjeras.
Entre las sanciones administrativas posibles aparecen multas de entre 30.000 y 180.000 UVA, revocación de permisos y concesiones, restricciones para contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales e inhabilitaciones vinculadas con sectores considerados sensibles para la seguridad nacional.
MEDIDAS URGENTES ANTE AMENAZAS
El artículo 97 agrega otro componente sensible.
Ante una amenaza considerada “grave e inminente”, permitiría adoptar algunas medidas antes de la apertura formal del procedimiento sancionatorio.
Entre ellas aparecen restricciones a operaciones cambiarias, transferencias y pagos, bloqueo temporal de activos y suspensión de permisos o concesiones.
El Gobierno argumenta que herramientas de esa naturaleza son necesarias para responder rápidamente a amenazas modernas.
Sus críticos sostienen que los criterios para activar estas facultades deberán ser definidos con especial precisión para evitar una aplicación discrecional.
EL PROYECTO PREVÉ DERECHO DE DEFENSA
La iniciativa no excluye mecanismos de revisión.
La persona investigada tendrá derecho a conocer los elementos esenciales de la imputación, presentar argumentos, ofrecer pruebas y obtener una decisión fundada.
Las sanciones podrán ser recurridas judicialmente.
Sin embargo, el recurso judicial no suspendería automáticamente los efectos de las medidas adoptadas.
Ese punto también forma parte de las discusiones sobre el equilibrio entre capacidad preventiva del Estado y protección efectiva de los derechos individuales.
SEGURIDAD NACIONAL Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN PUEDEN ENTRAR EN TENSIÓN
El debate argentino reproduce una discusión que atraviesa numerosas democracias.
Estados extranjeros pueden desarrollar operaciones reales de desinformación, propaganda, interferencia electoral y espionaje.
Los gobiernos tienen razones legítimas para intentar prevenirlas.
Pero una legislación destinada a combatir esas operaciones enfrenta otro desafío: establecer criterios suficientemente objetivos para que una herramienta creada contra una campaña extranjera no termine alcanzando periodismo legítimo, investigación académica, oposición política, sátira, errores informativos o simples controversias sobre hechos públicos.
Es precisamente en esa frontera donde se concentra la discusión actual.
MALVINAS ES EL ORIGEN, PERO EL PROYECTO TIENE UN ALCANCE MUCHO MAYOR
Aunque la iniciativa fue políticamente presentada en el contexto de las Malvinas, su articulado crea instrumentos que podrían aplicarse a diferentes cuestiones de seguridad nacional.
La administración Milei afirma que esa amplitud responde a la transformación de los riesgos contemporáneos.
Para el Gobierno, ataques económicos, operaciones de inteligencia y campañas extranjeras de influencia pueden afectar la soberanía tanto como formas tradicionales de presión estatal.
Los críticos, en cambio, consideran que justamente por tratarse de herramientas amplias el Congreso deberá establecer salvaguardas particularmente precisas.
EL CONGRESO TENDRÁ AHORA LA PALABRA
Por el momento, la iniciativa es un proyecto de ley.
No constituye legislación vigente.
El Congreso podrá aprobarlo, rechazarlo o modificar su contenido durante el tratamiento parlamentario.
Entre los puntos que previsiblemente concentrarán las negociaciones aparecen:
la definición de desinformación masiva;
los requisitos para demostrar una campaña coordinada;
la prueba de vinculación con un Estado o agente extranjero;
la proporcionalidad de las penas;
las facultades del Consejo de Seguridad Nacional;
y las garantías para periodistas, medios, dirigentes y ciudadanos.
DOS OBJETIVOS QUE EL CONGRESO DEBERÁ COMPATIBILIZAR
El debate no se reduce necesariamente a escoger entre seguridad nacional y libertad de expresión.
El desafío legislativo consiste precisamente en hacer compatibles ambas garantías.
Una democracia puede buscar proteger sus elecciones y sus instituciones de operaciones extranjeras.
Al mismo tiempo, debe preservar el derecho a informar, investigar, cuestionar gobiernos y sostener opiniones impopulares sin temor a sanciones penales arbitrarias.
El Gobierno afirma que esa protección está contemplada porque el nuevo delito exige intervención o financiamiento extranjero y porque existe revisión judicial.
Constitucionalistas, legisladores y organizaciones periodísticas responden que algunas expresiones continúan siendo demasiado amplias y deberían ser precisadas antes de la aprobación.
Ese será el núcleo de la discusión que ahora comienza en el Congreso argentino.
El contenido definitivo de la ley —y eventualmente su interpretación por los tribunales— determinará hasta dónde podrá llegar el Estado frente a las nuevas formas de influencia extranjera y dónde comenzará la frontera infranqueable de la libertad de expresión en una sociedad democrática.
(De la Redacción de IGU News)
