INFORME DENUNCIA TORTURAS SISTEMÁTICAS EN CHINA PARA OBTENER CONFESIONES

Una organización de derechos humanos documentó 209 casos de presuntos abusos entre 2016 y 2025, con denuncias de golpizas, descargas eléctricas, privación de sueño, falta de atención médica y 16 muertes bajo custodia. Beijing rechaza las acusaciones y sostiene que actúa conforme a la ley.

Un nuevo informe de derechos humanos volvió a poner bajo fuerte cuestionamiento al sistema penitenciario y judicial de China, al denunciar el uso persistente de torturas y malos tratos contra detenidos para obtener confesiones, castigar a disidentes y someter a presos políticos.

El documento fue elaborado por la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) y analizó 209 casos de personas privadas de libertad que denunciaron haber sido torturadas o maltratadas en centros de detención chinos entre 2016 y 2025.

Según el informe, las prácticas denunciadas incluyen palizas, descargas eléctricas, privación de sueño, hambre, negación de agua, exposición a temperaturas extremas, encierro en jaulas de hierro y suspensión por las muñecas.

PRESOS POLÍTICOS, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS

De acuerdo con los hallazgos del CHRD, los presos políticos fueron objeto de una presión y un acoso particularmente severos dentro del sistema de detención.

Entre los reclusos analizados:

• 20% afirmó haber sido golpeado;
• 15% señaló haber sido torturado para obtener confesiones;
• 35% denunció haber sido privado de atención médica adecuada.

El informe sostiene que la falta de asistencia médica tuvo consecuencias fatales en varios casos y relaciona esa situación con la muerte de 16 personas mientras permanecían encarceladas.

EL CASO DE YIN DENGZHEN

Uno de los episodios citados con más detalle es el de Yin Dengzhen, una ex vendedora de verduras condenada a cuatro años y medio de prisión por el delito de “provocar disputas y causar problemas”.

Según el testimonio de su hija, Xia Beibei, Yin intentó denunciar repetidamente casos de corrupción local y, durante su detención en la provincia de Hubei, desarrolló un cuadro de salud extremadamente grave.

La mujer, de 58 años, padece linfoma y, de acuerdo con su familia, llegó a pesar poco más de 35 kilos, además de presentar dificultades para alimentarse y caminar.

Pese a ese cuadro, la familia afirma que las autoridades le negaron la libertad por razones médicas y sostuvieron, tras una revisión oficial, que Yin se encontraba en “buen estado de salud”, por lo que fue considerada apta para ser trasladada a una prisión de mujeres en Wuhan.

Su hija declaró que la detenida temía morir en la cárcel y que sentía que había sido encarcelada precisamente para ser abandonada allí.

TORTURA PROHIBIDA, PERO AÚN DENUNCIADA

La legislación china establece que la tortura y el uso de violencia para obtener confesiones son conductas punibles, con penas que pueden agravarse cuando provocan lesiones graves o la muerte.

Además, China es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Sin embargo, el informe sostiene que la prohibición legal no ha sido suficiente para erradicar la práctica.

Según el CHRD, el problema no reside solo en la existencia de abusos, sino en la falta de investigación y castigo a los responsables.

El documento afirma que, en numerosos casos, las denuncias presentadas por presos de conciencia no solo no avanzan, sino que terminan derivando en represalias adicionales contra las propias víctimas.

UN PROBLEMA EXTENDIDO EN TODO EL PAÍS

El informe sostiene haber documentado casos de tortura y malos tratos en todas las provincias y regiones administrativas especiales de China, con excepción de Macao.

El documento, titulado “Barrido bajo la alfombra: fallas sistémicas para poner fin a la tortura en la República Popular China”, concluye que no encontró evidencia de procesos penales ni sanciones disciplinarias relevantes contra agentes implicados en estos abusos.

La expresión utilizada en el título resume precisamente la tesis central del informe: la existencia de fallas estructurales para investigar, corregir y erradicar la tortura dentro del sistema de detención chino.

RESPUESTA DE BEIJING

El gobierno chino rechazó las acusaciones.

En respuesta a consultas de la agencia AFP, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que las autoridades judiciales del país tramitan los casos “en estricto acuerdo con la ley” y garantizan plenamente los derechos de las partes involucradas.

La Cancillería también acusó al CHRD de mantener una postura cargada de prejuicios contra China y de “fabricar mentiras”.

No es la primera vez que Beijing responde en esos términos.

China ha rechazado históricamente denuncias sobre torturas formuladas por la ONU, por organizaciones internacionales de derechos humanos y por familiares de detenidos.

ADMISIÓN POCO HABITUAL EN 2025

Pese a esa línea oficial de rechazo, el informe recuerda que en 2025 el fiscal general chino realizó una admisión inusual al reconocer públicamente la existencia de casos de tortura y detención ilegal en el país.

En ese momento, el funcionario se comprometió a adoptar medidas firmes contra prácticas irregulares cometidas por integrantes de los aparatos de seguridad.

Para las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, esa admisión no se tradujo todavía en una transformación estructural del sistema.

CONFESIONES BAJO PRESIÓN

Uno de los puntos más sensibles del informe es la denuncia de que los abusos no serían hechos aislados, sino mecanismos empleados para obtener confesiones, una práctica cuestionada desde hace años por activistas y observadores internacionales.

El sistema judicial chino ha sido criticado en repetidas oportunidades por la opacidad de sus procedimientos, por la desaparición temporal de acusados, por la persecución de disidentes y por el uso de métodos coercitivos en interrogatorios.

El nuevo informe del CHRD busca reforzar esa denuncia con una base documental más amplia y con casos que abarcan casi una década.

DERECHOS HUMANOS BAJO LA LUPA

La publicación del informe vuelve a colocar a China en el centro del debate internacional sobre derechos humanos, especialmente en lo que respecta al trato dado a presos políticos, denunciantes de corrupción, activistas y otros detenidos considerados sensibles por el Estado.

Aunque Beijing rechaza las acusaciones y defiende la legalidad de su sistema, el contenido del documento alimenta nuevas preocupaciones sobre la distancia entre las normas escritas y la realidad denunciada por familiares, ex detenidos y organizaciones independientes.

El caso de Yin Dengzhen, sumado a los 209 expedientes revisados por el CHRD, refuerza la percepción de que el problema no se limita a hechos puntuales, sino que podría responder a un patrón más amplio de abusos dentro del sistema de detención chino.

(De la Redacción de IGU News)